CORRUPCIÓN: Delito grave sin libertad bajo fianza...

Actualmente se dice que con el nuevo gobierno del Licenciado Andrés Manuel López Obrador se tipificará como delito grave y sin beneficio de libertad bajo fianza a la corrupción. No obstante ello, también se dice que se trata de borrón y cuenta nueva, lo que significa que dejará atrás los casos de corrupción que existieron durante los gobiernos anteriores al suyo, lo cual beneficia a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, incluyendo a Carlos Salinas de Gortari.

No obstante, la semana pasada el Congreso de la Unión autorizó la creación de Comisiones Especiales para la investigación del “Caso Colosio” por ejemplo; así como también para el “Caso Ayotzinapa” y muchos otros. Circunstancia que pareciera contradecir lo manifestado por el Presidente Electo, que dicho sea de paso, no sería la primera ocasión que el Presidente de la República en México “por las mañanas” diga una cosa y “por las tardes” haga otra, teniendo por ejemplo: Los “gasolinazos” de Peña Nieto.

En la actualidad, durante el juicio que se sigue contra “El Chapo” Guzmán en la Ciudad de Brooklyn, Nueva York; se están ventilando todo tipo de corruptelas que van desde la época de Vicente Fox Quesada, hasta el actual Presidente Enrique Peña Nieto quien también fue señalado hace unos días por haber recibido, en un restaurante, la cantidad de $6 millones de dólares por concepto de sobornos del Cártel de Sinaloa. Lo dijo “El Rey” Zambada al ser interrogado por Jeffrey Lichtman abogado de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “El Chapo” Guzmán.

En el período del usurpador Felipe Calderón Hinojosa, se desarrolló la denominada “Estrategia Integral de Prevención al Delito y Combate a la Delincuencia” encabezada por Genaro García Luna. Estrategia que llevó a México a una de las peores masacres en su historia: cerca de 200 mil han muerto desde entonces, unos 40 mil están desaparecidos y decenas de miles fueron desplazados por la violencia. Además de lo anterior el pasado lunes 19 de noviembre del año 2018, precisamente en los Juzgados de Brooklyn, Nueva York, Jesús Zambada afirmó que personalmente pagó al Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna la cantidad de $50 millones de dólares a nombre del Cartel de Sinaloa. Pese a que en los próximos 4 meses del juicio que sigue a “El Chapo” Guzmán, en México no serán investigados esos casos de corrupción que, según el Presidente Electo, forman parte del pasado, tal y como así lo confirmó el pasado 19 de noviembre del año 2018 durante el desarrollo del programa denominado Tercer Grado, transmitido por Televisa al sostener: “Estoy dispuesto a perdonar, pero no estoy dispuesto a que me perdonen”.

Dicho de otro modo, al tipificarse como delito grave y sin libertad bajo fianza a la corrupción en México, en lo futuro este injusto penal lo encontraremos en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos junto con aquéllos considerados como de prisión preventiva oficiosa como sigue:

“…El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud...”

De esta forma, en un futuro cercano esperamos que a la corrupción la encontremos ubicada dentro del catálogo de delitos graves con prisión preventiva oficiosa, sin que continúen ocurriendo los lamentables sucesos que en el caso PGR vs. Javier Duarte a continuación se describen:

Nuevamente la PGR recibió otro revés en el caso contra el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte…

Un juez federal determinó que es ilegal toda la información financiera que presentó la PGR en el proceso contra Javier Nava Soria, un contador involucrado con la red de empresas que desviaron dinero en el gobierno de Duarte, porque fueron obtenidas sin orden judicial. El juez Marco Antonio Fuerte Tapia invalidó 10 estados de cuenta, el testimonio de 10 funcionarios de bancos y un dictamen de contabilidad de la PGR, al estimar que derivan de un acto que debió contar con la autorización de un juez…

Desafortunadamente los niveles de corrupción que actualmente se viven en México nos hacen pensar mal respecto del artículo anterior, puesto que la desconfianza

en las instituciones nos obligan a creer más en los propios pillos que en las autoridades e Instituciones de gobierno.